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  • María Eugenia Bielsa: “Cuando asumimos, encontramos 25.000 viviendas sin terminar”

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    La arquitecta María Eugenia Bielsa está convencida de que la Argentina necesita reordenar y desconcentrar sus grandes centros urbanos para avanzar hacia lo que ella llama “equidad y justicia territorial”. Esa es su principal labor -describe- al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cartera que nació con el gobierno de Alberto Fernández y que absorbió competencias que ejercían las áreas de Interior y de Obras Públicas.

    En diálogo con LA GACETA, la funcionaria repasa los desafíos de su gestión y acusa a la administración de Mauricio Macri de no atender de forma correcta el déficit habitacional del país que, según sus estimaciones, alcanza las 3.600.000 unidades. “Cuando asumimos, encontramos 25.000 obras sin terminar por distintos motivos”, denuncia. Además, incluye a Tucumán entre un grupo de “provincias postergadas por Cambiemos”.

    Durante la entrevista, Bielsa ahonda también sobre el problema de las tomas de tierras en el país e insiste en la “necesidad de repensar” la valuación de las propiedades en dólares. “Debemos invertir la mirada del país centralista hacia uno federal”, receta. Por último, la ministra niega que existan internas en el Frente de Todos y atribuye algunas polémicas que envuelven al kirchnerismo a “malas intenciones externas”. “No debemos permitir que nadie nos distraiga con lo que vinimos a hacer”, dice con firmeza.

    -¿Qué significa que haya un Ministerio de Desarrollo Territorial?

    -Es un enorme desafío y una enorme oportunidad. Ya estaba en nuestra decisión de gobierno, pero la pandemia hizo que tomara mayor necesidad: las áreas metropolitanas se convierten en inviables por la concentración de personas. Nuestra base es el equilibrio, la equidad y la justicia territorial. Un país que tiene tal disponibilidad de suelo como el nuestro debe permitir que la ciudadanía retorne y se desarrolle en sus lugares de origen.

    -¿Qué se hizo en estos 10 meses para alcanzar ese objetivo, que mira en el largo plazo?

    -Esto tiene que ser una política de Estado que trascienda nuestro gobierno. Hay un espíritu federal que atraviesa todo el gabinete: estar presentes cada vez que una provincia lo necesita, reunirnos con los gobernadores y gobernadoras para ver las oportunidades de desarrollo de cada región… Todo eso muestra una línea de dirección que propone modificar y descentralizar la matriz urbana. Por otro lado, la vivienda es una extraordinaria generadora de trabajo, además de ser un derecho casi vital. Está vinculada a la reconstrucción que necesitamos; las entregas del viernes fueron en ese sentido.

    -¿Con qué se encontró al asumir? ¿Obras finalizadas, en marcha o paralizadas?

    -Tuvimos la directiva de no discontinuar ninguna obra en curso. La mayoría estaba en provincias cuyas gestiones estuvieron más vinculadas al gobierno nacional anterior. Otras varias, que no eran del signo político de Macri, han sufrido y eso generó una enorme postergación de los ciudadanos y ciudadanas. Seguimos todo lo que estaba en condiciones. Ahora bien, cuando asumimos encontramos 25.000 obras de viviendas sin terminar por distintos motivos: porque se discontinuó el pago, porque se distanció la curva de inversión con la de obra, porque no se reconocían procesos inflacionarios… Cambiemos no atendió la problemática del déficit habitacional y estamos trabajando con el Reactivar (Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda) para solucionarlo.

    -¿Dentro de ese número están incluidas las casas entregadas en Lomas de Tafí, construidas entre 2015 y 2019?

    -Las viviendas de Lomas de Tafí en realidad no estaban dentro del programa Reactivar. Se terminaron y se pudieron entregar. Pero Tucumán sí tiene unidades que es casi inexplicable que no se hayan dado. Teníamos 562 viviendas construidas en Yerba Buena con el Procrear; se fueron entregando de forma progresiva 508. Tenemos la posibilidad de entregar 54 y otras 32 hasta el 20 de noviembre. Es inexplicable que no se haya hecho en cuatro años.

    Nos encontramos en el país con 11.000 casas del Procrear sin entregar que a veces sólo les faltaba una conexión o algo administrativo. Creo que fue por una falta de vocación de servicio; tienen (en el macrismo) una matriz ideológica que idealiza que todo se puede resolver por el mercado. La verdad es que es un desinterés con la necesidad del otro.

    -¿Entonces, qué acciones concretas lleva adelante el Ministerio en soluciones habitacionales?

    -Trabajamos en saldar tanto las 25.000 viviendas no terminadas como las 11.000 no entregadas. Dentro del relanzamiento del Procrear, creamos 11 líneas nuevas que no existían: créditos y microcréditos personales; de 100.000, 250.000 y 500.000 pesos para refacciones. En Tucumán se sortearon y otorgaron ya 3.018 entre un total de 9.452 inscriptos. Esto mueve la economía extraordinariamente.

    -Sobre las 166 viviendas de Lomas de Tafí, se dijo en el Instituto de la Vivienda de Tucumán que hubo demoras, hasta su asunción, en la devolución de las listas con los preadjudicatarios. ¿Hay cambios en el Sistema General de Beneficiarios (Sigebe)?

    -El Sigebe estaba en manos de una consultora contratada que tenía sede en el ministerio, lo cual era una clara desvalorización de las capacidades efectivas de los empleados estatales. Nos desvinculamos de ella; estoy convencida de que esto fue utilizado como una manera de postergar los pagos a algunas provincias. Cuando uno no sabe cuándo le van a pagar, es difícil establecer bien los adjudicatarios. “No sabíamos cuándo íbamos a poder terminar las obras”, nos decían en muchas provincias. El objetivo del Sigebe, que no es malo, es saber si alguien obtiene casas en dos lugares distintos. Eso no justifica tener a las familias esperando, así que lo que hicimos fue levar el cruce de datos al final del programa. No cambiamos las reglas; es permitir que la obra continúe hasta el último certificado.

    -¿Tiene estimado cuántas personas no pueden acceder a una vivienda en la Argentina?

    -La proyección del censo de 2010 nos da la estimación de que hay un déficit de 3.600.000 viviendas. Necesitamos el nuevo censo para tener datos más duros y hacer así políticas diversificadas.

    -¿Cómo actúa su Ministerio ante las tomas de tierras, un problema en el que ya intervino la Justicia?

    -No alentamos de ninguna manera las tomas de tierras. Creemos que frente a una necesidad de vivienda aparecen situaciones delictivas, y no me refiero a las organizaciones sociales. No se pueden prometer soluciones de un día para el otro; hay que fijar un plan a mediano y largo plazo que resuelva las urgencias. Eso significa urbanizar los barrios populares, lotear y entregar esos lotes.

    -¿El traspaso del área de urbanización de barrios populares de su ministerio al de Desarrollo Social responde a este problema de usurpaciones?

    -No. Se lo transfirió por cuestiones metodológicas que permiten resolver los temas relacionados no a la emergencia, sino a la urgencia. Ha quedado claro que vamos a trabajar en conjunto para construir y mejorar los 4.416 barrios populares. Se habla de divisiones internas en el Frente de Todos que no existen. No debemos permitir que nadie nos distraiga de lo que vinimos a hacer. En esta área, trabajar por los derechos de acceso a la vivienda y al trabajo.

    -Usted cuestiona que se negocien las propiedades en dólares. ¿Por qué, considerando la inflación?

    -Hay dos cosas importantes: una es que en la Argentina, por cuestiones culturales, ahorramos en dólares o en ladrillos. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia y también con nuestra ascendencia española e italiana, donde el ahorro en ladrillo daba certidumbre. Lo que invitamos, no imponemos, es a debatir que es posible que una unidad habitacional no siempre se homologue al valor del dólar, porque eso produce distorsiones. Casi el 98% de los insumos son en pesos y el 100% de la mano de obra se paga en pesos. Promover el ahorro en pesos es lo que la Argentina necesita, más en una industria que casi no está vinculada a las commodities.

    Perfil: de la política santafesina

    María Eugenia Bielsa, de 62 años, se recibió de arquitecta en 1981. En 2003 se convirtió por el PJ en la primera vicegobernadora de Santa Fe. Tras ser concejala en Rosario en 2007, fue diputada provincial entre 2011 y 2013, año en el que renunció por desacuerdos con el partido. Ya en los 90 había sido directora de Viviendas en su ciudad.

    Fuente: La Gaceta de Tucumán

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